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El CERMI pide en el Congreso una ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad

16/05/2012

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, pidió este miércoles en el Congreso de los Diputados una ley de inclusión laboral capaz de situar al colectivo en torno a 2020 en niveles de ocupación similares a los del resto de la ciudadanía, que ahora presenta cifras de trabajo mucho más elevadas que las de la población con limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o con enfermedad mental.

La aprobación de un nuevo modelo de inclusión laboral para los ciudadanos con discapacidad es, según dijo el presidente del CERMI, "la gran demanda" del sector para esta legislatura, ya que la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que es la que regula los aspectos laborales del colectivo, "no da más de sí" con sus ya 30 años a las espaldas y debe, por tanto, modificarse y adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades.

Luis Cayo Pérez Bueno se expresó así en su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, donde dio cuenta de las principales necesidades del colectivo en esta legislatura y donde abogó, una vez más, por que los gestores y políticos tengan en cuenta la opinión y la experiencia de los ciudadanos con discapacidad cuando vayan a impulsar medidas para ellos.

Según explicó el representante del CERMI en la Cámara Baja, la norma sobre empleo y discapacidad que debería poner en marcha el Ejecutivo tendría que contar con "criterios innovadores" y estar pegada a la actualidad para corregir "muchas de las incongruencias" que existen actualmente en España, donde a veces el sistema de protección social y el de promoción de empleo "son contradictorios", al no compartir "ni lógica ni objetivos".

A su juicio, esta legislación tendría que conseguir incrementar la actividad de las personas con discapacidad del 36% actual al 40% en 2015 y al 50% en 2020, cuando, de esta forma, los datos de empleo del colectivo de la discapacidad se acercarían más a los de la población en general.

También en el terreno de lo laboral, el máximo responsable del CERMI apeló a las cláusulas sociales, para que en las licitaciones se tenga en cuenta si en las empresas hay o no contratación de personas con discapacidad, y a la posibilidad de premiar a quien hace más esfuerzo en este sentido.

Adaptación normativa

Otra de las demandas que el presidente de la plataforma de la discapacidad puso sobre la mesa a su paso por la Cámara Baja fue la adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que comenzó ya en el mandato anterior, pero que, dijo, ha de continuar ahora con "una nueva remesa" de leyes orgánicas que toquen aspectos relacionados con la educación o la autonomía de las personas con discapacidad.

Y es que, abundó Pérez, en algunos casos, se obliga a los niños con discapacidad a asistir a escuelas especiales para ellos y a los adultos, especialmente a las mujeres, a esterilizarse, a quienes hay que añadir los ciudadanos con discapacidad intelectual que están privados de su derecho al voto.

En su exposición, el presidente del CERMI se refirió igualmente al Tercer Sector y pidió una ley que lo regule, así como mejores normas fiscales que estimulen la participación privada de empresas y familias con la iniciativa social.

Apeló del mismo modo a la bondad de que exista una Estrategia española de discapacidad que marque la senda de actuación en cada momento e insistió en la necesidad de que las políticas y actuaciones que incluya estén presididas por un enfoque "inclusivo, de género y plural", ya que dentro de la discapacidad hay grados y situaciones diferentes que deben tenerse en cuenta.

Los grupos

En este punto, el relativo a la gran variedad de situaciones y necesidades existentes entre las personas con discapacidad se refirió también Conchita Tarruella, de CiU, quien en su intervención compartió la "sensibilidad" del CERMI por los grupos más desfavorecidos y se comprometió a defenderlos en lo que esté en su mano.

Por su parte, Francisco Vañó, del PP, quiso ser "optimista", pero no "conformista" con los logros alcanzados y apoyó, por tanto, la necesidad expresada por el comité de seguir trabajando y de no bajar la guardia para no sólo no perder los derechos adquiridos, sino también para aumentarlos cada día más.

Como la representante de CiU, aplaudió la petición de Pérez de favorecer a los más desfavorecidos dentro del sector de la discapacidad, que es algo en lo que incidió también el presidente del CERMI.

Finalmente, Laura Seara, del Grupo Parlamentario Socialista, señaló que la opinión del CERMI es "imprescindible" para el trabajo de la comisión y se comprometió a seguir defendiendo "como una prioridad" las políticas de discapacidad, que, según afirmó, son especialmente importantes en tiempos de crisis.

Seara manifestó también la "preocupación" de su grupo por el aplazamiento de la entrada en el sistema de los dependientes moderados y, en general, por la repercusión de la crisis económica y financiera en el colectivo de la discapacidad.

Tanto la diputada del PSOE, como la de CiU subrayaron su inquietud por lo que puede significar el decreto sanitario para las personas con discapacidad y pidieron al Gobierno que tenga en cuenta las necesidades concretas de este colectivo que, a juicio de Tarruella, no deberían pagar por sus prótesis o por el transporte sanitario, ya que son prestaciones esenciales para su vida diaria.